El debate sobre la regulación de honorarios judiciales: Peritos judiciales y la falta de un criterio unificado en la Justicia

El lunes 30 de septiembre, miembros de la Comisión Directiva del Colegio y el magistrado del Juzgado Civil y Comercial N° 15, Dr. Adrián Farías, abordaron varios puntos clave relacionados con la regulación de los honorarios de los peritos judiciales. El tema principal fue la preocupación por la falta de fundamentación adecuada por parte de algunos tribunales al apartarse de las reglas establecidas en la Ley 649-C, vigente en la provincia del Chaco desde 1989. Esta situación ha generado una brecha en la correcta compensación de los profesionales matriculados que desempeñan funciones como peritos.

La base regulatoria: una preocupación central

Uno de los aspectos más discutidos fue la base regulatoria desigual que algunos tribunales utilizan para establecer los honorarios profesionales. A pesar de la existencia de normativas claras, los jueces no siempre fundamentan sus decisiones de manera consistente, lo que lleva a una gran disparidad en los montos establecidos. Este desequilibrio afecta la calidad y seguridad del trabajo pericial, generando incertidumbre entre los profesionales que confían en la justa aplicación de la ley.

¿Es posible mejorar la regulación de los honorarios judiciales en la provincia del Chaco?

Este interrogante es clave para lograr un sistema judicial más equitativo y eficiente. El Magistrado y coautor del libro Aranceles para Peritos Judiciales nos aporta claridad con su visión criteriosa y acorde a las normativas establecidas para la cuantificación del trabajo de los profesionales que prestan servicios en auxilio de la justicia.

La protección de los honorarios: un derecho desatendido

Otro tema relevante tratado en la reunión fue la falta de mecanismos efectivos por parte de la justicia para garantizar el cobro de los honorarios de los peritos. En muchas ocasiones, los peritos que prestan un servicio técnico y científico esencial para la resolución de casos civiles y laborales, no ven garantizado el cobro de sus honorarios de forma rápida y justa. Esto no solo afecta la sostenibilidad de su trabajo, sino que también genera desmotivación para continuar ofreciendo sus servicios en los distintos tribunales de la provincia.

Datos estadísticos clave

90% de los peritos judiciales manifiestan haber sufrido demoras en el cobro de sus honorarios en al menos una ocasión durante los últimos 5 años (Fuente: Encuesta Colegio Profesional).

Es evidente que se necesita una acción conjunta y firme para mejorar las condiciones en que se regulan y protegen los honorarios de los profesionales que actúan como peritos judiciales.

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